«Las políticas minera y petrolera del presidente Guillermo Lasso han sido rechazadas por organizaciones y nacionalidades indígenas. En octubre de 2021, con una movilización de delegaciones de toda la región amazónica, las organizaciones presentaron una demanda de inconstitucionalidad al decreto 95 que delinea la política petrolera: se duplicará la producción. En diciembre, presentaron otra contra el decreto 151: da luz verde para ampliar la frontera minera a gran escala.
Los nuevos proyectos, como los liderados por el Consorcio petrolero Bloque 28 o por las empresas Solaris Resources o EcuaSolidus, implicarían una afectación a los ingresos fiscales del Estado en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales de la población».
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