Investigación colectiva desarrollada entre 2021 y 2026 por Pueblos y Naciones Originarias y organizaciones indígenas y aliadas en la región andino-amazónica, documenta violaciones multidimensionales y exige acciones urgentes estatales e internacionales
Representantes de cinco pueblos y nacionalidades indígenas transfronterizas de Colombia, Ecuador y Perú presentaron el informe «Fragmentación territorial, despojo y violencia contra los Pueblos y Naciones Originarias Transfronterizas: violaciones sistemáticas y multidimensionales de derechos y obligaciones estatales de protección en Ecuador, Colombia y Perú», un informe de autoría colaborativa, presentado en el marco del 197° Período de Sesiones de la CIDH, en Panamá.
Hallazgos clave del informe
- Población en riesgo y fragmentación histórica:
En la región fronteriza andino-amazónica existen al menos 18 pueblos originarios divididos por las fronteras estatales. El informe profundiza en la situación de los pueblos Awá, A’i Kofán/Cofán, Siona/Ziobain, Siekopai/Secoya, Andwa, Achuar, Shuar y Wampis, cuyas territorialidades abarcan más de 6,2 millones de hectáreas.
- Imposición extractiva sin consentimiento:
El 96,26 % de la superficie territorial analizada conserva vegetación natural. Al mismo tiempo, los bloques petroleros se superponen con 3.046.228,63 hectáreas, equivalentes al 48,75 % del universo cartográfico analizado. En los territorios Achuar y Andwa considerados, el traslape alcanza el 100 %. La contaminación de ríos y suelos afecta agua, alimentación, salud, medicina tradicional y prácticas espirituales. Estas afectaciones se agravan por las barreras de acceso a atención sanitaria, educación y servicios básicos.
- Gobernanza criminal y envenenamiento por mercurio:
Las fronteras han sido convertidas en corredores estratégicos para economías ilícitas como el narcotráfico y la minería aluvial ilegal. La contaminación crónica por mercurio derivada de la minería destruye ecosistemas acuáticos e impacta de forma grave la salud neurológica y la seguridad alimentaria de niños, mujeres y comunidades. Amenazas, asesinatos, reclutamiento, desplazamiento, confinamiento y minas antipersonal restringen la movilidad, la subsistencia y el ejercicio de la autoridad.
- Peligro crítico para personas defensoras:
La convergencia de presiones extractivas, estructuras armadas e impunidad ha convertido a la Amazonía en una de las zonas más peligrosas del mundo para liderazgos indígenas, defensores de DDHH y territoriales y guardias indígenas.
- Exclusión y «despojo verde»:
Pese a demostrar que los territorios indígenas registran las menores tasas de deforestación, los esquemas ambientales, canjes de deuda y mercados de carbono que se implementan sin la participación efectiva de las autoridades indígenas, transforman la conservación en un nuevo mecanismo de control y despojo territorial.
El informe ha sido presentado ante las relatorías pertinentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas para impulsar seguimiento internacional y recomendaciones a los Estados con responsabilidades, plazos y resultados verificables.
Exigencias a los Estados y Organismos Internacionales*
- A los Estados de Ecuador, Colombia y Perú:
Adecuar sus marcos legales para reconocer la continuidad territorial y la libre determinación de los pueblos transfronterizos; cumplir sus obligaciones de protección y garantía de derechos de los pueblos originarios; suspender concesiones extractivas otorgadas sin consentimiento; implementar planes de protección concertados frente a grupos armados e ilícitos; y garantizar la libre movilidad ancestral.
- A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
Fortalecer el monitoreo permanente en zonas de frontera y solicitar una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el alcance de las obligaciones estatales transfronterizas respecto a la libre determinación, la continuidad y seguridad jurídica territorial, la prevención de daños socio ambientales y el control del crimen organizado trasnacional.
- A la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas:
Profundizar el seguimiento al artículo 36 de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y al artículo 32 del Convenio 169 de la OIT sobre cooperación y contacto entre pueblos divididos por fronteras.