El 18 de agosto, el expresidente de la CONAIE, Leonidas Iza, denunció un intento de asesinato ejecutado por tres policías. En el marco de las investigaciones de Justicia Indígena Comunitaria realizadas por la UNOCANC, se reveló un hecho de extrema gravedad: el medio de comunicación Wilar RTV colabora con la unidad de inteligencia de la Policía Nacional para recabar información sobre militantes del movimiento indígena, organizaciones sociales y sindicatos.
Alertamos a la sociedad y a todos los comunicadores comunitarios sobre la existencia de Wilar RTV como un medio al servicio de operaciones de inteligencia. Así como también denunciamos esta infiltración policial como un atentado a la autonomía de la sociedad civil, al derecho a la comunicación y a los derechos de libre asociación y reunión.
Las sospechas sobre este medio no son nuevas. En 2020, dos policías fueron descubiertos haciéndose pasar por periodistas de este canal mientras espiaban al Frente en Defensa de la Educación Pública. En aquel entonces, su director no tomó ninguna medida efectiva para esclarecer los hechos. El 24 de octubre de 2022, durante la investigación del femicidio de María Belén Bernal en la Escuela de Policía, las asambleístas de la Comisión Ocasional detectaron a un hombre grabando y tomando fotos sin autorización. El sujeto se identificó como “Wilmer” de Wilar RTV, pero su cédula decía otro nombre: “Lucas Mateo”. El medio negó tener periodistas en el lugar y se deslindó de responsabilidad.
Hoy, la investigación de la UNOCANC se confirma que los periodistas Jorge Guzmán, Kevin Barrera, Luis Tigsilema y Massiel Meléndez, en realidad son agentes de policía y forman parte de la operación encubierta denominada “Operación Jaque”, destinada a vigilar e infiltrar a sindicalistas, indígenas, feministas y militantes contra el extractivismo.
Denunciamos al Ministerio del Interior por crear o utilizar medios de comunicación como fachada para sus operaciones de inteligencia. Esta práctica ilegal amenaza la integridad de las personas que confían en estos falsos periodistas, al entregarles información sensible sobre su vida personal o de sus organizaciones. Además, pone en riesgo la credibilidad de los medios comunitarios que trabajamos directamente con movimientos sociales y comunidades, erosionando la confianza del pueblo en nuestro trabajo.
Finalmente, hacemos un llamado urgente a los medios comunitarios y populares a generar espacios de encuentro y reflexión colectiva frente a estas infiltraciones. A los organismos de derechos humanos y a la prensa internacional a vigilar y acompañar este caso. Y, al Estado ecuatoriano a poner fin a la instrumentalización de los medios por parte de organismos de inteligencia y desmantelar cualquier operación de espionaje contra la sociedad civil.
